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El TC da la razón al contribuyente: nadie pagará plusvalía si vende su casa a pérdidas

Posted by: In: Inmobiliaria 17 May 2017 Comments: 0 Tags: , , , , , , ,
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Nadie deberá pagar la plusvalía municipal cuando la venta de una vivienda le haya generado pérdidas. El Tribunal Constitucional se pronunció el pasado jueves en pleno sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos (IIVTU o plusvalía municipal) a nivel estatal y ha vuelto a dar la razón al contribuyente, como ya lo hiciera en sus sentencias sobre la norma foral de Guipúzcoa y la de Álava, según confirman fuentes del propio organismo a El Confidencial. La sentencia, sin embargo, no supone la supresión o desparición de este impuesto, una fuente de ingresos muy importante para los ayuntamiento de toda España. Es decir, todos aquellos contribuyentes que vendan una vivienda y obtengan una ganancia con la transacción, deberán seguir abonándolo.

Hasta ahora, quien vendía un piso a pérdidas tenía que pagar al Ayuntamiento correspondiente el citado impuesto, aunque dicha transacción le hubiera provocado pérdidas. ¿Por qué? El IIVTNU grava el incremento del valor del terreno generado en el momento de la transmisión de un inmueble, hasta un periodo máximo de tenencia de 20 años. Sin embargo, para calcular el importe a liquidar por este impuesto, se tienen en cuenta únicamente el valor catastral del suelo del inmueble en el momento de la venta y los años que haya estado en manos del propietario. Una metodología que acaba mostrando que siempre existen plusvalías, independientemente de que el valor real del terreno no se haya incrementado. Es decir, el sistema de cálculo de este impuesto presupone que el precio de la vivienda siempre sube.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid estima una revalorización teórica del 3,5% anual (este porcentaje varía según la localidad) del precio de la vivienda calculado sobre su valor catastral actual, que se multiplica por el número de años transcurridos desde la compra. Y esa revalorización es la base imponible del tributo, incluso aunque el activo valga en realidad menos ahora que cuando fue adquirido.

Alcance a nivel estatal

El pasado mes de febrero, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que eximía a los contribuyentes del pago de la plusvalía municipal, si bien, en aquel momento su pronunciamiento se refería a la Hacienda Foral de Guipúzcoa y no a Ley de Haciendas Locales a nivel estatal, aunque su redacción sea idéntica. De ahí que la mayoría de ayuntamientos de toda España hayan seguido liquidando el impuesto, tal y como aseguraban a El Confidencial diferentes abogados quienes han constatado que la actitud de los municipios apenas ha variado desde el pasado 17 de febrero, cuando se conoció el fallo del Constitucional. Apenas un par de ayuntamientos, el de Dos Hermanas (Sevilla) y el de Vitoria, han decidido desde entonces mantener en suspenso, de manera cautelar, el cobro de la plusvalía municipal en los casos en los que no se haya producido un incremento patrimonial. Pero se trataría de decisiones aisladas.

“Los ayuntamientos son meros aplicadores de la ley existente y hasta que no se reforme la normativa actual seguirán aplicando la ley y cobrando la plusvalía, puesto que, a día de hoy, la ley así lo permite y no van a ir en contra de la ley”, explicaba a El Confidencial Marcel Trías, fiscalista de Sala & Serra Abogados.

Antes de las sentencias del Tribunal Constitucional, han sido varios los tribunales superiores de justicia de varias Comunidades Autónomas los que se pronunciaron contrarios al cobro de la plusvalía en caso de pérdidas, pero como no sienta jurisprudencia, los ayuntamientos las han ignorado.

Hay que seguir pagando y reclamando

Hasta el pronunciamiento del Constitucional, los afectados han tenido que seguir pagando el citado impuesto y posteriormente reclamar la devolución de las cantidades cobradas de más y demostrar, mediante tasación o prueba pericial, que dicha transacción generó una minusvalía. “El primer paso para poder reclamar es pagar para evitar sanciones y el pago de intereses”, recordaba insiste Marcel Trías.

Por otra parte, a la hora de reclamar, la opinión de los despachos de abogados difiere. Algunos consideran que no suele compensar cuando las cantidades reclamadas rondan los 4.000 o 5.000 euros, ya que acudir a lo contencioso-administrativo conlleva una serie de gastos dado que hay que pagar abogado, procurador y notario -a lo que hay que sumar la tasa pericial en el caso de las personas jurídicas-, además del importe de la prueba pericial o la tasación que demuestre que se ha producido una pérdida. No obstante, también hay bufetes que cobran a éxito y un porcentaje de la cantidad reclamada. En ambos casos, el afectado pasa un filtro por parte del bufete. Esto es, se analiza caso a caso antes de aceptar cualquier caso.

Source:: El Confidencial Vivienda

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